¿Cómo afecta la Ley Antifraude en los softwares de facturación electrónica?

La Ley Antifraude, que se aprobó en 2021, ha implementado medidas que impactan en los programas de facturación utilizados por autónomos y empresas. Además, ha establecido nuevas penalizaciones por la mera posesión de un software que permita mantener una doble contabilidad en el negocio.

Desde Regate analizamos las principales novedades introducidas por esta ley y su reglamento de desarrollo, además de ofrecer una comparativa con otras normativas asociadas, como la Ley Crea y Crece y el Reglamento Verifactu.

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, Ley Antifraude, o Ley contra el fraude fiscal, es una nueva normativa promovida por el Ministerio de Hacienda que pretende reforzar la supervisión fiscal sobre las empresas y promover el cumplimiento voluntario de sus responsabilidades tributarias.

Esta ley introduce cambios en varias normativas, especialmente en temas tributarios. Como se establece en su preámbulo, la ley persigue:

1. Proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal.
2. Introducir cambios en la regulación para asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones para prevenir el fraude.

La práctica fraudulenta más común entre autónomos y pequeñas empresas, especialmente aquellas que manejan considerables sumas de dinero en efectivo, consiste en no declarar una parte de las ventas para evadir impuestos como el IVA o el IRPF. Si estas ventas no son registradas, la Agencia Tributaria no tiene forma de exigir su declaración y tributación.

En concreto, la ley lucha contra los softwares de doble uso o programas de doble facturación. Pero ¿qué es el software de doble uso? Son aplicaciones ilegales que posibilitan a las empresas mantener una doble contabilidad (o “contabilidad en B”), lo que implica ocultar una parte de sus ingresos.

Sin embargo, desde la implementación de la Ley Antifraude estos softwares están siendo objeto de una persecución especial, y el simple hecho de poseerlos ya constituye motivo suficiente para imponer sanciones severas a las empresas.

Así pues, en el artículo decimotercero de la ley se introduce la modificación del artículo 201 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: queda prohibido fabricar, tener o utilizar un programa que permita dobles contabilidades. El incumplimiento de esta directriz está sujeto a sanciones, como veremos más adelante.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Antifraude? Para reforzar esta prohibición, se ha desarrollado el Reglamento de la Ley Antifraude, en vigor desde diciembre de 2023. Este reglamento establece una serie de requisitos que todos los programas de facturación deben cumplir para ser considerados legales.

El Reglamento de la Ley Antifraude (RD 1007/2023) especifica los criterios que los sistemas informáticos de facturación usados por empresarios y profesionales deben cumplir para asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Este reglamento se extiende por toda España, excluyendo áreas con regímenes forales (País Vasco y Navarra) y compañías adheridas al SII. Será de aplicación obligatoria a partir el 1 de enero de 2026 para empresas que presentan el Impuesto de Sociedades, y a partir del 1 de julio de 2026 para autónomos y demás obligados tributarios.

Concretamente, según este reglamento el software de facturación deberá mantener un registro por cada factura emitida, así como también registrar los eventos principales que ocurran en el sistema informático.

Esta información se almacenará de manera inalterable y se garantizará su conservación, pudiendo ser enviada voluntaria y automáticamente a la Administración Tributaria desde el propio software. En caso de no hacerlo, se requerirá la firma digital de cada registro generado en la aplicación, asegurando que estos registros estén disponibles para la AEAT en caso de ser solicitados.

Así pues, respecto a los programas de facturación electrónica la Ley Antifraude recoge las siguientes obligaciones:

1. El software debe generar, de manera simultánea o justo antes de emitir la factura, un registro de facturación detallado por cada entrega de bienes o prestación de servicios.
2. El sistema informático debe asegurar la legibilidad, integridad y la inalterabilidad de los registros de facturación, garantizando que, una vez ingresados los datos, estén protegidos contra cualquier manipulación que comprometa su precisión, autenticidad y exhaustividad, evitando cualquier alteración de los datos registrados.
3. El sistema informático debe poder remitir información a la Administración Tributaria de forma continua, segura, precisa, completa, automática, secuencial, instantánea y autenticada, incluyendo todos los registros de facturación generados electrónicamente.
4. El software no debe tener ninguna funcionalidad que permita modificar u ocultar los datos originales previamente registrados, tanto de forma presencial como remota.
5. Los registros de facturación deben estar enlazados de manera que se pueda verificar su secuencia de creación desde el primero hasta el último.
6. El programa debe mantener un registro de eventos que capture automáticamente todas las interacciones con el sistema, las operaciones realizadas, y los eventos ocurridos durante su uso, como el inicio y el cese del sistema, el acceso y salida de usuarios, los errores, la instalación inicial y las actualizaciones.
7. En los sistemas informáticos que respaldan los procesos de facturación, la información con implicaciones tributarias debe estar separada adecuadamente de cualquier información confidencial que no sea de naturaleza patrimonial, permitiendo a la Administración Tributaria acceder directamente a la información tributaria relevante.

En primer lugar, la ley busca un refuerzo de la supervisión de las transacciones y las ventas de las empresas. Es decir, pretende fortalecer el control de la Hacienda sobre las actividades comerciales de las empresas. Este propósito se materializa mediante varias medidas, pero principalmente mediante tres acciones clave:

1. La restricción de los pagos en efectivo a 1.000 euros (antes 2.500 euros), con multas equivalentes al 25% del importe para quienes infrinjan esta norma.
2. La reducción del límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros para individuos con residencia fiscal fuera de España.
3. La intensificación de la persecución de los programas que posibilitan la doble contabilidad.

Por otro lado, después de que el Tribunal Supremo declarara como ilícitas las inspecciones sorpresa realizadas por la Inspección en los domicilios o establecimientos de ciertos contribuyentes, la Ley Antifraude aparecía para ampliar las facultades de la Inspección de Hacienda para examinar a los contribuyentes.

Es decir, uno de los ajustes que trajo consigo esta ley fue precisamente modificar la normativa para que los inspectores mantuvieran su autoridad para ingresar a los domicilios de autónomos o individuos y llevar a cabo inspecciones sorpresa.

Esta ley también persigue el fomento de la observancia voluntaria de las responsabilidades fiscales. La ley introduce la disminución de los recargos por presentar impuestos fuera del plazo establecido:

• Las sanciones se reducen considerablemente: ahora solo hay un recargo progresivo del 1% por cada mes de retraso hasta un máximo de 12 meses. Una vez cumplidos los 12 meses, además del devengo del recargo del 15%, se iniciará el devengo de los intereses de demora.
  
  
• Se reduce el límite a 600.000 euros para que un contribuyente, ya sea empresario o particular, pueda ser incluido en la lista de deudores de Hacienda.

Por último, la norma examina en detalle el tema de los paraísos fiscales, cuya lista se revisará de manera regular. Estos territorios se conocen como "jurisdicciones no cooperativas" y tienen un alcance internacional.

El incumplimiento de esta normativa conlleva dos tipos de sanciones: una dirigida a los fabricantes de software y otra para los usuarios.

El apartado 21 del artículo 13 de la Ley Antifraude establece, por primera vez, una multa de 50.000 euros por la mera posesión de un programa que facilite la ocultación de una segunda contabilidad o que carezca de la certificación adecuada.

También pueden verse sancionados con la misma cantidad aquellos que tengan un programa que permita no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas; permita registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas; o permita alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

Del mismo modo, la ley sanciona con 150.000 euros a aquellos proveedores que fabriquen, produzcan o comercialicen un programa de este tipo.

Ambas normas representan hitos importantes en la forma en que las empresas y los autónomos manejan sus responsabilidades fiscales. Sin embargo, son leyes distintas que impactan de forma diferente en las operaciones diarias de los negocios:

• Naturaleza: más allá de una norma, el Reglamento Verifactu es una solución tecnológica diseñada para la gestión eficaz de facturas electrónicas, mientras que la Ley Antifraude se establece como una normativa legal que impone obligaciones y medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal.
  
  
• Alcance: Verifactu se enfoca en la digitalización y automatización de los procesos de facturación, simplificando el cumplimiento fiscal. La Ley Antifraude tiene un alcance más amplio e incluye otras medidas legales y procedimientos para prevenir el fraude fiscal en general.
  
  
• Impacto: el uso de herramientas como Verifactu ayuda a los profesionales a adaptarse y cumplir con algunas de las obligaciones introducidas por la Ley Antifraude, especialmente en lo que respecta a la gestión y conservación electrónica de facturas.

En otro de nuestros artículos explicamos cuáles son las diferencias entre la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece.

Para resumir, presentamos a continuación una tabla que reúne las características fundamentales de las principales normativas que impactan en la facturación electrónica y los programas de contabilidad.

En definitiva, la Ley Antifraude es un avance importante para combatir el fraude fiscal en España y que impacta directamente en todos los empresarios y autónomos que utilicen softwares de gestión financiera y contabilidad, como Regate. Si quieres saber cómo podemos ayudarte a cumplir con la normativa y a automatizar tus procesos de facturación, agenda una demo gratuita con uno de nuestros expertos.